Ley de Delitos Econonomicos: implicancias para administradores de condominios

Panorama general: por qué esta ley te toca directamente

La Ley de Delitos Econonomicos amplía el alcance de la responsabilidad penal en Chile para incluir no solo a ejecutivos de empresas, sino también a administradores de condominio, comités y quienes ejercen dirección efectiva en comunidades. Traducido al día a día: si en tu condominio se comete un ilícito económico (por ejemplo, fraude en licitaciones, corrupción entre privados, administración desleal, lavado de activos derivado de cobros irregulares o uso indebido de fondos), ya no basta decir “eso lo vio el contador”. La norma exige deberes de organización, supervisión y prevención que, si no se cumplen, pueden derivar en sanciones penales y civiles para personas naturales y para la propia persona jurídica que contrata y administra servicios.

¿Quiénes podrían ser responsables?

• Administrador de condominio: por la posición de garante en la custodia de fondos comunes, contratos y procesos.

• Comité de administración: cuando aprueba, omite controles o permite prácticas riesgosas.

• Proveedores y subcontratistas: si actúan en nombre o interés de la comunidad y no hay debida diligencia.

• La comunidad (persona jurídica): si no cuenta con un sistema razonable de prevención y supervisión.

Ilícitos que pueden tocar a una comunidad

No todo es “robo” o “estafa”. La Ley de Delitos Econonomicos tipifica conductas frecuentes en la gestión:

• Corrupción entre privados (pagos o favores para adjudicar contratos de aseo, mantenciones, seguridad, ascensores).

• Administración desleal (usar fondos comunes con fines distintos, desvíos, créditos a terceros).

• Fraude y falsificación documental (alterar presupuestos, inflar horas hombre, fraccionar compras para eludir controles).

• Lavado de activos (cuando fondos de origen ilícito circulan por la tesorería comunitaria sin controles).

• Cohecho (platas o beneficios a funcionarios públicos, por ejemplo, para acelerar permisos o inspecciones).

El nuevo estándar: deber de prevención y supervisión

La ley no solo castiga el resultado; evalúa si el condominio tenía un “modelo de prevención” proporcional a su riesgo. No necesitas un manual de 200 páginas; sí un sistema real, documentado y aplicado:

1. Mapa de riesgos: dónde puede ocurrir fraude o colusión (compras, caja chica, licitaciones, contratación de proveedores).

2. Controles clave: doble firma, segregación de funciones, tope de gasto, comité de compras, bitácora de cotizaciones.

3. Debida diligencia de terceros: verificar antecedentes, sanciones, causas judiciales y beneficiario final de proveedores.

4. Políticas y códigos: conflicto de interés, regalos y hospitalidades, uso de fondos y caja chica.

5. Canal de denuncias: anónimo, seguro y con protocolo de investigación.

6. Capacitación periódica: administrador, comité, conserjería y tesorería.

7. Auditorías internas/externas: revisión al azar de contratos y pagos, al menos semestral.

8. Trazabilidad documental: contratos, OC, recepciones de servicio, fotos, actas y aprobaciones en un repositorio único.

Sin estos elementos, ante un evento, la comunidad queda expuesta a que se interprete “falta de organización” y, por ende, mayor reproche penal.

Señales de alerta que un administrador no debe ignorar

• Un mismo proveedor “gana todo” sin comparativas de precio.

• Fraccionamiento de compras para eludir la aprobación del comité.

• Citas, cotizaciones o informes “calcados” entre proveedores teóricamente distintos.

• Cambios de alcance o aumentos de presupuesto sin acta.

• Boletas de honorarios recurrentes sin respaldo de entregables.

• Pagos urgentes y fuera de ciclo.

• Regalos o beneficios ofrecidos a integrantes del comité o administración.

Compras y licitaciones: checklist anticorrupción

• 3 cotizaciones válidas (con fecha, RUT, contacto y especificaciones comparables).

• Matriz de evaluación (precio, experiencia, SLA de respuesta, garantías, antecedentes).

• Acta de adjudicación con firmas del comité y administrador.

• Cláusulas anticorrupción y terminación por incumplimientos éticos.

• Pagos contra hitos verificables (informes, fotos, certificaciones).

• Registro público interno de compras: accesible a copropietarios (transparencia baja la tentación).

Tesorería y fondos comunes: controles mínimos

• Doble firma para montos sobre un umbral (defínelo en acta).

• Conciliación bancaria mensual firmada por tesorería y administrador.

• Prohibición de efectivo, salvo caja chica con tope y rendición semanal.

• ERP o software contable con bitácora de cambios.

• Informe financiero mensual publicado a copropietarios (salvaguarda a la administración).

Datos y ciberhigiene: otra puerta de entrada al delito

Un fraude no siempre entra por la caja; a veces entra por el correo:

• Correos de “proveedores” cambiando cuentas bancarias (validar SIEMPRE por teléfono conocido).

• Phishing al administrador para capturar credenciales bancarias.

• Usuarios compartidos en banca o software (prohibir; cada uno con su clave).

• Backups y control de versiones de contratos y actas para evitar alteraciones.

Sanciones posibles

• Personas naturales (administrador, comité): penas asociadas al delito (multas, pena aflictiva en casos graves).

• Persona jurídica (comunidad): multas, prohibición de contratar, publicación de sentencia y medidas de cumplimiento forzado (imponer un modelo de prevención).

• Reparaciones civiles a vecinos afectados por el uso indebido de recursos.

Cómo prepararte: plan 30–60–90 días

Día 0–30

• Diagnóstico express: flujos de compras, pagos, contratos, caja chica y proveedores críticos.

• Congelar decisiones sensibles hasta revisar contratos.

• Habilitar canal de denuncias (externo o encriptado).

Día 31–60

• Implementar matriz de riesgos y controles; actualizar reglamento interno con política anticorrupción y conflicto de interés.

• Capacitación obligatoria (2 horas) a comité y administración.

• Crear repositorio único (en la nube) para contratos, cotizaciones y actas.

Día 61–90

• Primera auditoría interna: muestreo de 10–15 operaciones.

• Ajustes a proveedores: anexos con cláusulas anticorrupción, terminación inmediata y derecho de auditoría.

• Reporte público a copropietarios sobre avances (transparencia = respaldo).

Cláusulas contractuales que bajan el riesgo (modelo base)

• Anticorrupción y conflicto de interés: “El proveedor declara que no ha ofrecido, prometido ni entregado beneficios… Cualquier incumplimiento habilita término inmediato, sin perjuicio de acciones civiles y penales.”

• Derecho de auditoría: “La comunidad podrá revisar soportes contables y técnicos vinculados al contrato.”

• Integridad documental: “Las órdenes de compra, recepciones y modificaciones solo serán válidas si constan en acta firmada por el comité.”

• Cambio de cuenta bancaria: “Solo se aceptará previa validación telefónica con el representante registrado y acta de comité.”

Preguntas frecuentes (rápidas)

¿Basta con tener un manual para cumplir?
No. Debe aplicarse y evidenciarse (actas, capacitaciones, auditorías, sanciones internas).

¿El comité también responde?
Sí, si participa, omite o tolera prácticas riesgosas. La ley mira la dirección efectiva.

¿Qué pasa si ya tengo software de gestión?
Excelente punto de partida. Úsalo para trazabilidad (quién aprobó qué, cuándo, y con qué respaldo). Lo clave es la disciplina de uso.

¿Y si sospecho de un proveedor?
Activa el canal de denuncias, solicita auditoría puntual, suspende pagos y convoca a comité extraordinario. Todo por escrito.

Conclusión

La Ley de Delitos Econonomicos no es un asunto “de grandes empresas”: aterriza con fuerza en la administración de comunidades. El estándar actual exige controles reales, decisiones documentadas y proveedores evaluados con lupa. El premio por hacerlo bien es grande: menos riesgo penal y civil, finanzas sanas y confianza de los copropietarios. El costo de no hacerlo es, literalmente, demasiado alto.