En el último año, más de 4.000 empresas chilenas implementaron algún tipo de control de acceso digital para sus oficinas, plantas o centros de distribución. La tendencia refleja una transformación profunda en la forma en que las organizaciones gestionan la seguridad, pero también plantea una pregunta crucial: ¿están cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales y privacidad?
El auge de la biometría, los registros digitales y los sistemas en la nube ha abierto un nuevo frente de responsabilidad legal. No se trata solo de prevenir robos o restringir entradas, sino también de proteger la identidad y los datos sensibles de trabajadores, clientes y proveedores.
“Cada huella, cada rostro y cada tarjeta son datos personales. Su mal uso puede tener consecuencias graves para la empresa y para las personas”, advierte Claudia San Martín, abogada del Consejo para la Transparencia.
1. La regulación detrás del control de acceso
En Chile, el marco legal que regula el uso de información personal se basa principalmente en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, vigente desde 1999. Aunque fue redactada en una era previa a la digitalización masiva, su principio fundamental sigue siendo actual: ningún dato personal puede ser tratado sin consentimiento explícito del titular, salvo excepciones legales.
Esto incluye la información recolectada a través de sistemas de control de acceso biométrico, cámaras con reconocimiento facial o credenciales electrónicas.
En 2023, el Consejo para la Transparencia emitió un informe señalando que el 64% de las empresas que usan datos biométricos no cuentan con políticas claras de consentimiento informado ni protocolos de almacenamiento seguro.
El vacío normativo —y la falta de fiscalización efectiva— ha hecho que muchas organizaciones desconozcan las implicancias legales de sus sistemas de seguridad.
2. Lo que exige la Ley N° 19.628
De acuerdo con esta ley, toda empresa que recolecte o almacene datos personales debe cumplir con cuatro principios esenciales:
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Finalidad legítima: el uso de la información debe estar vinculado a un objetivo concreto (por ejemplo, seguridad o control de acceso al lugar de trabajo).
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Consentimiento informado: los trabajadores o visitantes deben saber qué datos se recaban, cómo se almacenan y con qué propósito.
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Proporcionalidad: solo pueden solicitarse los datos estrictamente necesarios para cumplir el fin declarado.
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Seguridad y confidencialidad: la empresa debe adoptar medidas técnicas y administrativas para evitar fugas, filtraciones o accesos no autorizados.
“Si una compañía almacena huellas o rostros sin protocolos de cifrado o sin respaldo legal, está asumiendo un riesgo reputacional y económico enorme”, señala Jorge Aros, experto en compliance corporativo y asesor de empresas tecnológicas.
3. Biometría y consentimiento: la nueva frontera de la privacidad
El uso de lectores de huella, escáneres de iris o cámaras con reconocimiento facial se ha expandido en edificios corporativos, plantas industriales y oficinas públicas.
Sin embargo, la biometría es considerada un dato “altamente sensible”, porque permite identificar a una persona de manera única e irreversible.
El Consejo para la Transparencia recomienda que las empresas que utilicen estos métodos implementen consentimientos explícitos y revocables, es decir, que el trabajador pueda retirar su autorización en cualquier momento.
También se sugiere que existan alternativas no biométricas para quienes no deseen entregar sus datos corporales, como tarjetas RFID o códigos personales.
“En una empresa moderna, el respeto por la privacidad no puede verse como un obstáculo, sino como un activo reputacional”, agrega San Martín.
El blog Controles de acceso corporativos en Chile: la nueva frontera de la seguridad empresarial aborda precisamente este punto: el desafío de integrar seguridad física, cumplimiento legal y confianza corporativa bajo una misma estrategia.
4. La fiscalización que se viene: reforma a la Ley de Datos Personales
El Congreso chileno tramita actualmente un proyecto de nueva Ley de Protección de Datos Personales, que actualizará la normativa vigente y creará una Agencia Nacional de Protección de Datos.
Entre sus principales cambios se incluyen:
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Multas millonarias para empresas que usen datos sin autorización.
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Obligación de informar fugas o hackeos en un plazo máximo de 72 horas.
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Derecho al olvido digital: los titulares podrán solicitar la eliminación de su información.
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Auditorías periódicas en compañías que traten datos biométricos o financieros.
Según la Biblioteca del Congreso Nacional (2024), esta ley podría entrar en vigencia en 2025 y alineará a Chile con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
5. Casos que marcan precedentes
En 2022, una empresa de seguridad privada fue sancionada por usar cámaras con reconocimiento facial sin informar a sus empleados.
El Consejo para la Transparencia determinó que el uso del sistema vulneraba el principio de consentimiento, ya que las cámaras estaban conectadas a una base de datos que almacenaba imágenes sin autorización expresa.
Otro caso relevante fue el de una institución pública que utilizaba registros biométricos para controlar la asistencia de sus funcionarios. Tras una investigación, se ordenó eliminar los datos y migrar a un sistema mixto de tarjetas y claves temporales.
Estos ejemplos reflejan una tendencia clara: la autoridad ya no tolera la improvisación en materia de privacidad.
6. Integrar legalidad y tecnología: la ruta hacia el cumplimiento
Las empresas que buscan equilibrar seguridad y privacidad deben avanzar hacia un modelo de seguridad inteligente y transparente.
Esto implica adoptar sistemas de control de acceso capaces de generar trazabilidad sin vulnerar derechos.
De acuerdo con un estudio de la consultora IDC Chile (2023), el 78% de las compañías que integraron soluciones de seguridad con gestión de permisos en la nube y auditoría interna redujeron en un 45% su exposición a riesgos legales o filtraciones de datos.
El artículo Control de acceso y ciberseguridad física: el nuevo frente de protección corporativa explora precisamente esta convergencia: cómo los sistemas conectados deben blindarse frente a ciberataques internos o externos, garantizando integridad digital y trazabilidad física.
7. Buenas prácticas para el cumplimiento corporativo
Los expertos en compliance y seguridad recomiendan adoptar una combinación de medidas técnicas, jurídicas y organizativas:
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Diagnóstico legal y tecnológico: revisar qué datos se almacenan, cómo se usan y quién los gestiona.
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Política de privacidad interna: crear documentos firmados por cada trabajador donde se detalle el tratamiento de su información.
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Protocolos de retención y eliminación: los datos deben eliminarse cuando ya no sean necesarios para el fin declarado.
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Cifrado y segmentación: proteger los datos con contraseñas y accesos diferenciados por nivel jerárquico.
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Capacitación continua: todo el personal debe conocer la ley, los riesgos y sus derechos.
“Un sistema bien diseñado no solo cumple la norma, también protege la confianza”, destaca Francisca Paredes, gerenta de riesgos en una multinacional con sede en Santiago.
8. El costo de la negligencia: reputación y sanciones
El impacto de un mal manejo de datos puede ir mucho más allá de una multa.
Una filtración biométrica, por ejemplo, puede derivar en demandas laborales, pérdida de contratos y daño reputacional irreversible.
En 2023, una empresa logística chilena debió pagar $85 millones de pesos en compensaciones tras divulgar, por error, los registros de ingreso y salida de sus trabajadores.
“En un mercado donde la confianza es la base del negocio, la transparencia en la gestión de datos es una ventaja competitiva”, concluye Aros.
9. Hacia una seguridad corporativa ética y moderna
El desafío para las empresas chilenas no es solo cumplir la ley, sino construir una cultura de respeto y responsabilidad digital.
Un control de acceso ético, automatizado y auditable no solo resguarda bienes, sino también derechos fundamentales.
El futuro de la seguridad corporativa en Chile apunta hacia soluciones integrales, donde la biometría, la trazabilidad y la protección de datos conviven bajo un mismo principio: la seguridad con humanidad.
Federal Access se posiciona como un referente en esta transformación, ofreciendo sistemas que combinan innovación tecnológica y cumplimiento normativo, asegurando que las empresas operen con tranquilidad, transparencia y respaldo legal.
Conclusión
La seguridad moderna ya no se mide solo en puertas cerradas, sino en cómo se gestiona la información que las abre.
El control de acceso se ha convertido en una pieza clave del cumplimiento normativo y del liderazgo empresarial.
Las organizaciones que entienden esta conexión no solo previenen riesgos, sino que construyen confianza, reputación y sostenibilidad a largo plazo.
